Resumen: Se aprobó ERTE Covid para el periodo de 2 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. La Administración autonómica remitió la comunicación de la decisión empresarial al SEPE, habiendo presentado la empresa- ante el SEPE solicitud colectiva de prestaciones el 6 de julio de 2021. La actora solicitó en fecha 12 de enero de 2022 el abono de las prestaciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2021 que le fue denegado por resolución de 22 de marzo de 2022. El Juzgado reconoció el derecho reclamado condenando al SEPE al abono de esas prestaciones. Habiendo presentado recurso de suplicación la Entidad Gestora se resuelve afirmando que las sentencias dictadas en instancia en los procesos de seguridad social y dejando a salvo los procesos que versen sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones, incluidas las de desempleo, deben tener el mismo tratamiento a efectos de recurso, que una reclamación de cantidad en forma de prestación periódica, y habrá de atenderse al importe anual de las diferencias, de modo que no siendo el importe reclamado superior a 3.000 euros, la sentencia no es recurrible en suplicación.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso empresarial formulado contra la sentencia del Juzgado que califica como despido improcedente el de condición objetiva que, con indicación de causa económica, productiva y organizativa, acordó dicha recurrente de su jefe de contabilidad. Se trata de una cooperativa de distribución farmacéutica que consta que obtuvo beneficios e incrementos de ventas en los periodos aludidos en la carta de despido, al contrario de una situación económica negativa que se alegaba, ratificando la Sala la falta de prueba de causa productiva u organizativa que se alegaba, pues no se aprecia hecho alguno entre los probados que merezca tal calificación. Previamente admite que no procedía tal calificación por el defecto formal de no haber dado cuenta a los representantes de los trabajadores de ese despido objetivo, puesto que esto no se alegó por el demandante si no es hasta la fase de conclusiones del juicio, existiendo una alteración sustancial de la demanda. Rechaza, también, una nulidad de actuaciones pedida alegándose insuficiencia de hechos probados de la sentencia con respecto de las causas justificativas del despido o falta de motivación suficiente de las razones consideradas por el Juzgado para llegar a tal conclusión. Tras explicar los requisitos legales que fija el ordenamiento jurídico al efecto, la Sala rechaza de forma individualizada y motivada, las quince reformas de los hechos probados que se proponen en el recurso.
Resumen: Se analiza si una vez transcurrido el plazo contractual pactado y las prórrogas que ambos contratantes admiten, se ha producido una nueva prórroga como alega la parte demandada que es negada por la sentencia recurrida. El Tribunal valora las pruebas practicadas y teniendo en cuenta que constan documentos remitidos por la empresa que gestiona el alquiler, en concreto un código para firmar el contrato, se aorta pantallazo de la firma realizada, el seguro concertado y todo ello en fechas cercanas a la finalización de la última prórroga admitida y teniendo en cuenta que desde entonces se acredita el pago de un nuevo importe de renta, debe considerarse probado que existió prórroga del contrato, y la demanda no puede prosperar.
