Resumen: Se desestima el recurso interpuesto por DKV, confirmando las liquidaciones de tasas giradas por el Departamento de Salud Valencia- La Fe y Sagunto a su cargo por la prestación asistencial dispensada a afiliados de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) que fueron atendidos en centros sanitarios adscritos al citado Departamento de Salud por el coronavirus SARS-COV2 y la enfermedad COVID-19 (enfermedad declarada como pandemia internacional y que llevó a la declaración del estado de alarma en España).Se sustenta la demanda en que la tasa se corresponde con una actuación en el ámbito de competencia de la Salud Publica, expresamente excluido de las coberturas de la mutualidad y del concierto con las entidades aseguradora,y que el abono de la misma supone un enriquecimiento injusto para la demandada. Se desestima el recurso interpuesto al considerar que la asistencia sanitaria dispensada en este caso al paciente, beneficiario de MUFACE, pese al contexto en que se produjo, de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia por COVID- 19, no se entiende excluida de aquellas prestaciones sanitarias que la recurrente venía obligada a prestar según el Concierto al no tratarse de una actuación en materia de salud pública y menos aún de una actuación de vigilancia epidemiológica, prestación que debió realizarse por la entidad concertada con la Mutualidad correspondiente por lo que concurre el hecho imponible.
Resumen: Trabajador en situación por pluriactividad afectado por ERTE COVID por fuerza mayor, que ve suspendida la prestación de desempleo, por ser perceptor de la prestación por cese de actividad, impugna la resolución administrativa que, tras haber causado baja en el RETA, le deniega la prestación de desempleo solicitada con posterioridad. La instancia estima la demanda. La Sala de lo Social, desecha una revisión fáctica por intrascendente, y confirma la decisión del Juzgado, basándose en que, si bien inicialmente la prestación de desempleo se vio suspendida por ser incompatible con la de cese de actividad, una vez que causó baja en el RETA, al continuar afectado por el ERTE, procede reconocer su reanudación.
Resumen: El demandante extinguió relación laboral por despido. A continuación suscribió nuevo contrato de trabajo que concluyó por resolución de contrato por voluntad del trabajador ante incumplimientos de la empresa. Habiendo solicitado prestación de desempleo se le reconoció con duración de 540 días, pero posteriormente se revocó reconociéndole solamente 240 días por haber consumido 300 días. Esta decisión se adopta porque al haber extinguido la última relación laboral por incumplimientos de la empresa, no se trata de despido y no genera situación legal de desempleo; esta tuvo lugar con el despido anterior y desde entonces hasta el momento en que se pide han transcurrido 300 días que se tienen por consumidos. Sin embargo, las resoluciones de contrato por incumplimientos empresariales están equiparadas al despido a los efectos de indemnización en el art. 50 ET y al percibo de prestaciones por desempleo. Podemos equipararlo a un despido improcedente y por ello incluirse en los supuestos protegidos.
